Por David Acosta
El delito de violación ha pasado desapercibido por las autoridades y nadie se quiere hacer responsable. Más allá de ello, refleja el fracaso de un sistema de justicia y un estado fallido para las mujeres.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no dejan lugar a dudas. Hasta el mes de agosto del 2023 se contabilizaron 486 violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, de los cuales en enero se cometieron 62; febrero, 54; marzo, 88; abril, 56; mayo, 69; junio, 57; julio, 52, y agosto, 48. La cifra negra puede llegar al triple, de acuerdo con especialistas.
Aunque Quintana Roo está en décimo lugar por número de casos, en tasa de violaciones por cada 100 mil habitantes asciende al primer lugar con 26.47.
En 2022, el estado cerró con 792 casos de violación y también concluyó en primer lugar en delitos por cada 100 mil habitantes, con 44.03.
La violación es un delito tipificado en el artículo 27 del Código Penal del Estado de Quintana Roo y se define como la cópula por medio de violencia física y moral. La punibilidad es de 10 a 25 años de prisión y con agravantes puede alcanzar 50 años de cárcel.
Las últimas reformas para aumentar las penalidades y “robustecer” la normatividad se realizaron en 2016, 2020 y 2021.
De nada sirve esta legislación, cuyas reformas se hicieron más con fines políticos que por justicia o protección, si las autoridades encargadas de atender este problema no emprenden verdaderas acciones para su erradicación.
Las autoridades responsables son: la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobierno (Segob), esta última responsable de atender la Alerta de Género.
Este delito es uno de los que más trauma genera a las víctimas y sus familias. La afectación psicológica que no se trata de manera adecuada puede perdurar para toda la vida, aunque hay quienes terminan atentando contra su existencia o en el peor de los casos, acabando con ella.
Ni siquiera por ello las autoridades han buscado, y menos encontrado, una forma de contrarrestarlo. Se escuchan los discursos por todos lados de la prioridad hacia las mujeres, del apoyo hacia las mujeres, discursos de género, pero todo se resume en demagogia.
El pretexto para deslindarse de la responsabilidad es, generalmente, que los agresores son personas conocidas, que el delito es cometido por parientes o en el seno familiar, y el de moda: fue culpa de las administraciones pasadas. En Quintana Roo la violación a lo largo y ancho de la entidad, ocurre en los hogares, las calles, en lugares públicos, el trabajo y en las escuelas.
Los cursos, capacitaciones y millonarias sumas que se gastan solo son solo para salir en la foto. Programas improvisados que no provocan la conciencia social.
La Secretaría de Gobierno tiene casi sepultada la atención de la Alerta de Género, que fue declarada para Quintana Roo, por las elevadas cifras de violencia, desde 2017, para tres municipios del norte del estado, hay advertencia para tres más. Cuando mucho, solo se ha atendido el 50 por ciento de los 20 puntos que exige su homóloga federal, a través del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim).
Las cifras de violación solo demuestran el fracaso de un sistema de justicia, cuya impunidad inicia desde la FGE y termina en el Poder Judicial. Además de un estado fallido, que no ha podido proteger a las niñas, adolescentes y mujeres con programas efectivos que logren garantizar seguridad a este sector de la sociedad, que representa el 51 por ciento de la población de la entidad.
Payo Obispo
La violación, es solo uno delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual de las mujeres, ya que también existen otros que van al alza. En el presente año también se han registrado 743 casos de abuso sexual, 202 de acoso sexual, 23 de hostigamiento sexual y 71 de trata de personas (con fines de explotación sexual).
